lunes, 3 de enero de 2011

El sexenio rojo de Jesús Aguilar


 

Récords de sangre

Por fin se fue el gobernante que no supo o no quiso gobernar Sinaloa; pero deja seis años echados a la basura, y sobre sus espaldas sólo retrocesos y records negativos: retrocesos en la economía, en educación, en transparencia y records en homicidios, robos de vehículos, asaltos bancario; ese fue su legado, ¿quedará impune?

Raúl Francisco Quiroz

Sangre a ríos por tantos asesinatos, kilos de plomo por tanta bala disparada, decenas de asaltos bancarios y robo de vehículos, extorsiones y más muertes; y por ello en el Sinaloa de Jesús Aguilar Padilla crecieron panteones hasta convertirse en ciudades, y zozobraron centenares de viudas y huérfanos por tantas familias destrozadas.
El sexenio que termina, es el de los récords, sí pero el de los números rojos, el de los récords negativos que se manifestaron en casi 7 mil ejecutados y en miles de lesionados por proyectiles de arma de fuego disparados en la guerra contra el narco, que no es otra cosa que la guerra contra la vida y la conflagración de las bestias.
La de Aguilar Padilla no tiene que ser una administración que quede impune. Más de 6 mil 500 homicidios, la mayoría relacionado con el crimen organizado no son poca cosa, de hecho son mucha cosa. Ningún estado supera esa cifra, ni la violenta y peleada Ciudad Juárez, Chihuahua; son los demasiados muertos de esta administración.
Jamás, ni por asomo se había acercado la estadística a esa cifra, véase el número de ejecuciones en los anteriores gobiernos también priistas. ¿Se fue el ex gobernador con la conciencia tranquila con tantos ejecutados a sus espaldas?, a menos que su cinismo no tenga límites, cosa que ya se vio cuando rindió el sexto y último informe de labores al lanzar frases de desvergüenzas como “dejo un estado en paz” o “me voy tranquilo porque hice lo mejor que pude”.

Más muertos que nunca: los récords

El número de ejecutados diarios en el gobierno de Aguilar Padilla alcanzó la pavorosa cifra de 10, y en ocasiones de hasta de 15, pero no de manera esporádica, sino de manera constante y permanente. Lo máximo que había llegado en anteriores administraciones era de 2.5 y 3 casos por día, pero aquí la desproporción fue la norma.
Las cifras de terror no terminan ahí. En todo el mandato del ex gobernador Juan Millán Lizárraga por ejemplo, se cometieron 3 mil 131 crímenes dolosos, pero en el de “Chuy Tomates” se duplicó; pues según datos oficiales el 2010 se contabilizaban 6 mil 550 casos, aunque faltaban conocer las cifras oficiales. Véase el comportamiento estadístico del año pasado en materia de homicidio a manera de ilustración de lo que ocurrió toda su gestión: en enero de 2010 se perpetraron 223 asesinatos, en febrero 208, en marzo 192, en abril 207, en mayo 147, en junio 226, en julio 220, en agosto 228, en septiembre 143, en octubre 18l, en noviembre 109 y en diciembre la cifra también fue superior a los 100. Como comparación basta decir que los homicidios por mes en el gobierno de Millán llegaban a 50 o 60 a lo más.

Los crímenes aumentaron en un 71.4 por ciento más que su antecesor Juan Millán Lizárraga y un 38.3 por ciento más respecto a los 6 años de Gobierno de Renato Vega Alvarado. Los números lo demuestran así, con Millán los asesinatos llegaron a 3 mil 137, una ligera disminución respecto a la época de Renato Vega, en que se realizaron 3 mil 887. Con Aguilar, las cifras en lugar de mantener las tendencias a la baja se dispararon dramáticamente al llegar a alcanzar más de 6 mil 550 homicidios. Es decir en los últimos 18 años en Sinaloa han muerto dolosamente más de 13 mil personas, tal y como si estuviéramos en una guerra de exterminio.


Nadie estuvo a salvo con JAP

En el sexenio de la muerte obvio nadie estuvo a salvo de morir. Desde el más humilde pintor en un atentado contra la Vocera del programa México Seguro, Emma Albertina Quiroz, hasta el más encumbrado político como “El Gallo” Mendívil. Ni los funcionarios de alto nivel del gobierno de Aguilar escaparon de la barbarie. Como ejemplo esta la ejecución estilo narco de su Secretario de Turismo, Antonio Ibarra Salgado, y decenas de funcionarios menores. O ahí está la ejecución el sábado 26 de junio de 2010, en las cercanías de Los Mochis, un comando armado, asesinó de 30 balazos, incluido el tiro de gracia al cantante Sergio Vega, “El Shaka”. Pero no fue el único de la farándula que murió en estos años. De 2006 para acá, los cantantes de narcocorridos se han convertido en otro de los objetivos de los sicarios. Sus balas han matado a El Gallo de Oro en Reynosa, a Zayda Peña en Tamaulipas -la remataron en el hospital-, a El Loco Elizalde en Guadalajara.


Así inició el sexenio de Aguilar. El 16 de mayo de 2005 le llegó al Gobierno estatal el gran recado intimidante del narcotráfico con el asesinato del diputado panista Saúl Rubio Ayala y el secretario particular de este, Omar Ruelas, ocurrido por la carretera al municipio de Sinaloa.
En noviembre de 2006, el Gobierno del Estado recibió un segundo aviso de que las armas del narco apuntaban hacia arriba. Luego de ser cesado del cargo por incurrir en presuntos actos de corrupción, fue asesinado José Antonio Camarena, ex director del penal de Mazatlán. Y luego vinieron en serie los ataques al Gobierno. En abril 23 de 2007 salvó la vida el entonces director de la Policía Municipal de Culiacán, Octavio López Valenzuela, al ser atacado a balazos mientras llevaba a la escuela a su hijo de siete años, quien fue herido en ese hecho. Luego, el 5 de septiembre de 2007, un comando criminal dio muerte al periodista Óscar Rivera Inzunza, quien fungía como vocero del operativo militar-policiaco denominado Operación Conjunta Culiacán-Navolato. A principios de diciembre de 2008, sujetos no identificados lanzaron granadas de fragmentación contra la base del Ejército Mexicano de Navolato, agresión que ocurrió una semana después de que un grupo armado intentara asesinar al director de la policía de ese mismo municipio, Olegario Gabino Terrazas.

Siguieron los políticos como blanco de los ataques de la delincuencia vertebrada. El oficial mayor de Navolato, Fabián Rodríguez Parra, se convirtió el 20 de octubre de 2008 en la primera evidencia del ataque del narcotráfico a las instituciones.
Sin que pasara mucho tiempo, a los quince días sufrió un atentado el alcalde del mismo municipio, Fernando García Hernández, resultando muertos los regidores César Villaescusa Gastélum y Jesús Andrés Carrillo, así como el agricultor César Villaescusa Urquiza.

“Normal” la violencia en Sinaloa

Desde el inició de su gestión el cosalteco dio señales del desdén por la vida de los sinaloenses. Cuando lo entrevistaban en un programa de Televisa dio por sentado que las muertes acá eran normales porque así era el carácter del sinaloense, violento.
Así, en la inmutabilidad frente a la ola delictiva, Aguilar se echó el mandato. Y siguió demostrando que le “valían madre” sus gobernados cuando en agosto de nombró a Ernesto Cebreros Murillo como secretario de Seguridad Pública, un excelente administrador académico, pero que de seguridad no sabía nada. Las pifias siguieron, cuando presionado por la inseguridad quitó a Cebreros de la SSP y nombró en enero de 2008 a su Josefina García Ruiz, sin tener ella mayor conocimiento del área y con el único mérito de haber sido su compañera de generación en la carrera de derecho.

La sangre y la tragedia por lo tanto siguieron. Como la ocurrida en julio de 2005 en la comunidad Los Tablones, municipio de Sinaloa, donde cuatro mujeres fueron acribilladas por sujetos armados o la trágica muerte de  tres niños asesinados en Guamúchil durante la matanza ocurrida en octubre de 2006.
Ni los comuneros de la presa Picachos se salvaron. Al regresar a sus pueblos tras un plantón en el Congreso del Estado murieron en el fuego cruzado de gatilleros del cártel de Sinaloa y de los Zetas, en la Maxipista Culiacán-Mazatlán, el 20 de marzo de 2010.
De los más escandalosos casos fueron los de sicarios del narco que ejecutaron a un herido a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja, en 2006, y en las propias instalaciones de la benemérita institución mataron a una socorrista, el 28 de junio de 2008.



Por si esto fuera poco, la narco política cubrió con su manto de sospecha al estado. No es cualquier cosa que la atención de medios nacionales se centrara en Sinaloa al considerarlo como un laboratorio del narcotráfico para encumbrarse más en el poder, debido a que Jesús Vizcarra Calderón, el candidato del gobernador fallido fue señalado por su parentesco con el extinto narcotraficante Inés Calderón y por un supuesto compadrazgo con Ismael “El Mayo” Zambada.


La barbarie sin fin

La larga noche oscura por fin terminó. Los sinaloenses esperan claridad con Mario López Valdez. Está por verse. Los asesinatos siguieron y las gotas de sangre fluyeron hasta convertirse en ríos de color purpura. El 14 de junio de 2010 se puso en evidencia que el narcotráfico no respeta jerarquías ni posiciones políticas con el homicidio de Enrique Mendívil Flores, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa y candidato del PRI a una regiduría en Culiacán. Pero sin duda el golpe más certero a la estructura gubernamental ocurrió el 22 de diciembre de 2009 con el asesinato de Antonio Ibarra Salgado, quien se desempeñaba como secretario de Turismo.

Otros casos que conmocionaron a la sociedad están el de la menor Brennie Felician, de 12 años, quien el 27 de junio de 2010, quien resultó lesionada de un balazo cuando un sujeto le disparó para despojarla de 100 pesos, en la colonia 5 de Mayo. La menor falleció horas después en la sala de urgencias del hospital del ISSSTE cuando recibía atención médica. Un mes después  la niña Tamara Guadalupe, de 7 años, resultó herida en la cabeza por una "bala perdida" cuando se dirigía a un festival escolar, en la colonia 21 de Marzo. La niña permaneció internada en el Hospital Pediátrico de Sinaloa hasta el sábado 26 de ese mes, cuando murió con una bala calibre .45 milímetros incrustada en la cabeza. 

Ya en 2010, hubo una muerte que recompuso las fuerzas en el mundo del narco. Fue el “extraño” deceso de Lamberto Verdugo Calderón,  presunto operador del cártel de Sinaloa y dueño de enormes extensiones de tierra y otros inmuebles en la zona sur de Culiacán y la sindicatura de El Salado. Verdugo Calderón murió el 21 de enero, supuestamente cuando se "brincó" un retén de militares, quienes le dispararon al hacer caso omiso cuando le marcaron el alto por la carretera a Sanalona. La Procuraduría General de la República lo vinculó al aseguramiento de 26 millones de dólares, en una casa del fraccionamiento Rincón del Valle y lo señaló como el encargado de lavar dinero para la organización delictiva. 


Pero sin duda, primero la detención de Alfredo Beltrán Leyva y luego la muerte en Cuernavaca de Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas” o “El Jefe de jefes”, líder de llamado cartel de Los Beltrán Leyva, a manos de elementos de la Armada y Marina de México vino a tensar aún más los niveles de inseguridad. Allá y acá comenzaron a caer gente asesinada por ajustes de cuentas. Encostalados, desmembrados y decapitados por todo el país, con sendos narcomensajes ha sido desde entonces la constante.



Penales, asaltos bancarios y feminicidios 

Uno de los renglones que se fueron a la coladera, luego de que hace unos años se había logrado cierta calma, fue la seguridad y tranquilidad de los penales. En el sexenio de Aguilar las cárceles fueron un caos recurrente al controlarlas los grupos del narcotráfico. La evidencia más fresca tiene que ver con la masacre perpetrada en junio de 2010, en el penal de Mazatlán que dejó 29 muertos y cuatro heridos. Según las autoridades el origen del enfrentamiento, fue un ataque de reos del cártel de Sinaloa contra otros relacionados con el cártel de 'Los Zetas”. Una semana antes, ocho internos del centro penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, murieron durante una pelea entre presos. Antes, el 8 de agosto de 2009 durante una fiesta, escapó del penal de Aguaruto el reo vinculado con el cártel de Sinaloa, Orson Iván Gastélum Cruz, "El Cholo"; y José Luis Encarnación Fernández Padilla. Por este caso fue cesado el entonces director, Sergio Luis Hernández Hernández, y nueve personas se encuentran presas, sujetos a un proceso penal como presuntos responsables de la evasión.  Dos meses después, el 8 de noviembre, Jorge Armando Díaz de León Hernández escapó del centro penitenciario utilizando sábanas y cobijas atadas para saltar la barda. 


Los bancazos estuvieron a la orden del día. En 2009 se cometieron la cifra récord de 122 asaltos a bancos, el número más alto desde 1993, año hasta el cual se tiene registro. En el último recuento de 2010 iban 108 robos. En total en la administración de Jesús Aguilar Padilla se perpetraron 417 asaltos a bancos, superando a todo el sexenio de Juan Millán, cuando se registraron 105, y al Renato Vega Alvarado, cuando se cometieron 92. Los asesinatos contra mujeres también se incrementaron. En 2010 se registraron 104 feminicidios.

Los “regaños” del general Aponte Polito

Si de algo todos sospechaban pero no se tenían pruebas, era que los policías de Sinaloa, servían a dos amos Por un lado cobraban en el Gobierno del Estado, y por otro estiraban la mano al narco. La evidencia quedó concretada cuando en diciembre de 2005, el general Sergio Aponte Polito, comandante de la Novena Zona Militar, le dijo a Jesús Aguilar que sus corporaciones de seguridad pública le brindaban protección e información sobre los operativos al crimen organizado. Le exigió, sin lograrlo, una limpia en la Policía. Al final lo único que consiguió el aguerrido general fue que lo cambiaran a otro territorio, a Tijuana.
Ese señalamiento tenía sustento, porque semanas antes, el 13 de julio de 2005, habían sido ejecutados cuatro agentes de la Policía Estatal Preventiva que le brindaban seguridad al presunto narcotraficante Julio César Beltrán Quintero, hecho que le costó la renuncia a Juan Manuel Zarco, director de Servicios de Protección de la SSP.

Antes que eso, el 19 de mayo de 2005, Carlos Monzón Salazar, hijo del director de Tránsito de Culiacán, Carlos Monzón Stamatis, fue implicado en la matanza de cinco personas, entre ellas dos mujeres. Como responsables de este escandaloso suceso fueron detenidos dos agentes de la PEP.
Aponte Polito insistió. El 30 de octubre de 2006 el general pidió la cabeza de Octavio López Valenzuela, director de Seguridad Pública de Culiacán, al relacionarlo con Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada y asistir a las instalaciones de la Novena Zona Militar como jefe policiaco a las reuniones de coordinación de operativos.

Homicidios en los últimos tres sexenios:
*Jesús Aguilar Padilla 6, 550
*Juan Millán Lizárraga 3,137 
*Renato Vega Alvarado 3,887

Homicidios por años

Renato Vega Alvarado
Año Asesinatos
1993 578
1994 669
1995 650
1996 707
1997 641
1998 642

Juan Millán Lizárraga
1999 571
2000 506
2001 559
2002 497
2003 485
2004 518

Jesús Aguilar Padilla
2005 610
2006 605
2007 743
2008 1,160
2009 2,200
2010 1,220